LAS DEFICIENCIAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES RESPECTO DEL “NO EJERCICIO O EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL” POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. José Alberto Sánchez Nava

                                                                           

LAS DEFICIENCIAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES RESPECTO DEL “NO EJERCICIO O EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL” POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.

José Alberto Sánchez Nava

  1.- ¿Qué ocurre cuando un ciudadano presenta una denuncia de hechos delictivos en contra de quien resulte responsable plenamente identificado o no, y que por consecuencia de actos y/u omisiones en una directriz de corrupción y por consecuencia ineficiencia del agente del ministerio público, éste determina el no ejercicio o desistimiento de la acción penal?

         2.-Para poder dilucidar los efectos del nuevo proceso penal adversarial acusatorio en vigor, debemos remontarnos a la reforma del artículo 21 Constitucional, que entró en vigor el Primero de Enero de 1995, reforma en la cual se estableció por primera vez y durante la vigencia del anterior sistema penal inquisitorio, qué las legislaciones locales de procedimientos penales de los Estados y federal, se estableciera un medio de control en el que los ofendidos o victimas de cualquier delito pudiesen impugnar la determinación del ministerio público del “no ejercicio o desistimiento de la acción penal” ante una autoridad jurisdiccional, esto es ante un juez.

 3.-Fue entonces, que todos los códigos de procedimientos penales en cada uno de los Estados y el federal, establecieron que cuando el ministerio público determinara el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, podría ser impugnada por el ofendido ante un juez dentro de un término prudente, por lo regular en un término de 10 días hábiles a partir de que el ofendido por la comisión de algún delito hubiese sido notificado personalmente o por sus representantes, respecto de la ratificación del procurador respectivo, en relación a la determinación del ministerio público del no ejercicio o desistimiento de la acción penal en cualquiera de sus modalidades, y el juez, una vez agotado el procedimiento, resolvía si el procurador y el ministerio publico habían fundado y motivado debidamente su determinación de no ejercitar la acción penal en contra de algún presunto responsable.

Los efectos de la resolución del juez podían resultar en la confirmación de la determinación del ministerio público respecto del no ejercicio de la acción penal porque se encontraba debidamente fundada y motivada, de no ser así, entonces ordenaba la revocación de la determinación del no ejercicio de la acción penal por falta de fundamentos y/o motivos e instruía  la continuación del proceso indagatorio a fin de que en su caso, se consignaran los hechos presuntamente delictivos ante un juez competente.

4.- Ahora bien, a partir de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio adversarial se modificó el artículo 20 y 21 Constitucional, y lo que anteriormente se contenía en el artículo 21 Constitucional respecto de la impugnación de la determinación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal del ministerio público la cual  se trasladó al artículo 20 Constitucional, esto para dar forma a los términos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, es así que actualmente el artículo 20 Constitucional establece:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

De lo anterior podemos claramente deducir, que quedo sin cambio la disposición constitucional de impugnar las determinaciones del ministerio público respecto del no ejercicio de la acción penal, para su debida impugnación ante un juez, en los mismos términos del anterior sistema penal inquisitorio el cual trascendió hasta el actual y nuevo sistema penal adversarial acusatorio.

5.-En esa tesitura, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que es obligación del ministerio público determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por el citado Código Nacional de Procedimientos Penales, así mismo El Ministerio Público podrá solicitar el desistimiento de la acción penal en cualquier etapa del procedimiento, hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia. La solicitud de desistimiento debe contar con la autorización del Titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esa facultad. El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento. En caso de desistimiento de la acción penal, la victima u ofendido podrán impugnar la resolución emitida por el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada. Y establece en sus artículos 253, 254 y 255 del citado Código las formas de terminación de la investigación.

6.-Es muy importante, no perder de vista que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no solo se encuentra sustentado desde el punto de vista constitucional por las reformas que dieron la pauta para su implementación en un nuevo sistema penal adversarial acusatorio, sino desde la reforma al artículo 21 Constitucional párrafo cuarto, que entró en vigor el 1° de enero de 1995, del cual se erigió la garantía constitucional del derecho de impugnar las resoluciones del ministerio público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, pues se reconoció la necesidad de someter al control jurisdiccional las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar el derecho de las víctimas y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede, injustificadamente sin persecución. Del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en cuanto a la iniciativa el comento descuella, como elemento preponderante, la determinación de hacer efectiva la seguridad jurídica de los gobernados en lo referente a las funciones que el Ministerio Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y ejercitar la acción penal, otorgando a aquellos la oportunidad de impugnar las determinaciones respecto del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, para lograr, por un lado, que las víctimas de los delitos o sus familiares, obtengan una reparación del daño, por otro, que se abata la impunidad y, además, que se impida que por actos de corrupción, la representación social no cumpla con sus funciones Constitucionales. A su vez, el dictamen emitido respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, que dio paso a la aprobación con modificación de la citada iniciativa, pone de relieve el propósito legislativo de elevar de carácter de garantía individual el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la Acción Penal, para ser efectivo el respeto a la seguridad jurídica. Esos antecedentes legislativos son reveladores del nacimiento de la garantía individual de impugnar las resoluciones de mérito, por lo que es factible lograr que, mediante el juicio de amparo el Ministerio Público, por vía de consecuencia, ejerza la acción penal o retire el desistimiento.

7.- El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para pronunciarse respecto del ejercicio de una garantía constitucional como lo es el derecho del ofendido o sus representantes, para impugnar el no ejercicio o desistimiento de la acción penal en cualquiera de sus modalidades, se ajustará al siguiente procedimiento:

“El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento. En caso de desistimiento de la acción penal, la victima u ofendido podrán impugnar la resolución emitida por el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada.

Sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.”   

8.-Sin embargo en ninguno de los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece la figura de la suspensión del acto reclamado respecto del análisis de la determinación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal por parte del ministerio público, dejando en el limbo garantista constitucional al ofendido de cualquier delito sea este de consumación inmediata o de tracto sucesivo, durante todo el proceso de impugnación, el cual será eterno para el afectado, pues este inicia en un término de 10 días a partir de que el ofendido es notificado de la determinación del ministerio público del no ejercicio de la acción penal, pero para esto tuvo que esperar a que el procurador como autoridad jerárquica del ministerio público ratificara dicha determinación, luego el juez de control en su caso, señalará una fecha para llevar a cabo la audiencia oral para resolver sobre el no ejercicio de la acción penal, pero luego el juez una vez llegada esa fecha, puede darse el lujo de fallar erróneamente y deja a salvo el derecho de impugnar su resolución ante el tribunal de alzada, pasando así el tiempo ante la desesperación e impotencia del ofendido si verdaderamente de una injusticia derivada de un acto de corrupción se determinó el no ejercicio de la acción penal en su perjuicio. 

Pero mientras tanto ¿en dónde está la suspensión del acto que reclama el ofendido del ministerio público respecto del inejercicio de la acción penal sobre delitos que implican un peligro o daños de consumación inmediata o de tracto sucesivo?

¿Si lo que está en juego es una nueva garantía constitucional de todo gobernado para impugnar la determinación del ministerio público del no ejercicio de la acción penal para evitar actos de corrupción y como consecuencia impunidad lo cual entraña un riesgo para su persona, familia, bienes, derechos y posesiones del ofendido, no debería decretarse la suspensión del acto que este reclama?

¿El juez de control actualmente ejerce el control difuso constitucional y determina su incompetencia para señalar día y hora de la audiencia en que resolverá acerca de la impugnación de la determinación del ministerio público del no ejercicio de la acción penal, porque no se encuentra facultado para suspender el acto que se reclama el cual tiene el carácter de una garantía constitucional que se contiene en el artículo 20 de la Ley Suprema y por consiguiente se afectan garantías constitucionales de audiencia, defensa legalidad y seguridad jurídica del ofendido y que se contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal ?      

9.-La realidad es que no se encuentra contemplada la suspensión provisional en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a los efectos de la impugnación del no ejercicio de la acción penal y menos aún el juez de control, o el juez del proceso ni el tribunal de alzada se pronuncian en cuanto a su incompetencia de salvaguardar garantías constitucionales, porque el artículo 133 Constitucional no les permite por la esencia jurídica del nuevo sistema penal adversarial acusatorio, el  control difuso de constitucionalidad para suspender los efectos del acto reclamado consistente en la determinación del no ejercicio de la acción penal, y porque además cobra aplicación el artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual delimita el efecto del recurso de apelación en contra de la determinación del ministerio público de su determinación del no ejercicio de la acción penal en todas sus modalidades y pregona que “la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada.”, con lo cual queda convalidada la ausencia de suspensión del acto que se reclama al ministerio público del no ejercicio de la acción penal y prosiguen como si de un circo romano se tratara la audiencia de oralidad, la cual conlleva desde el punto de vista procesal, un vicio oculto constitucional en perjuicio de la víctima u ofendido porque este debe someterse al principio de definitividad a un procedimiento sumarísimo e instantáneo en el que en una audiencia oral el Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento. En caso de desistimiento de la acción penal, la victima u ofendido podrán impugnar la resolución emitida por el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada.”  Corriendo la misma suerte procesal, la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal.

10.-A ese respecto debo compartir parte de una resolución que fue dictada por un juez de distrito, cuando me negué a agotar el principio de definitividad que establecía un Código Estatal de Procedimientos Penales en el anterior sistema penal inquisitorio y antes de las reformas a la Ley de Amparo, y cuyo código establecía en los mismos términos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales el procedimiento para impugnar la determinación del no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público ante lo que hoy se denomina un juez de control, y como el código de aquel entonces, así como el que hoy se aplica a nivel nacional, omite la suspensión del acto reclamado al ministerio público, resulta que no es obedecible el actual Código Nacional de Procedimientos Penales respecto del principio de definitividad, y por ende es procedente el juicio de garantías de forma inmediata sin agotar el principio de definitividad que le impone el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, y no por analogía procesal, sino obviamente por analogía constitucional en cuanto a las garantías de audiencia, defensa, legalidad y seguridad jurídica las cuáles quedan intocadas en favor del ofendido respecto de los medios de impugnación en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal del ministerio público.

 La concesión de la protección y amparo de la justicia federal que condujo a la acción penal de un delito de despojo, el cual había sido previamente determinado por parte del ministerio público con el no ejercicio de la acción penal y su archivo definitivo, se transcribe a la letra solo en lo que interesa respecto a la inoperancia de la ley procesal penal, respecto del principio de definitividad de agotar el recurso ordinario antes de acudir al juicio de garantías, en los siguientes términos que se transcribe a la letra y con mayúsculas porque así fue dictada la resolución:                    

Sentencia del juicio de amparo en referencia…

   

…..“IV.- PREVIAMENTE AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO, SE EXAMINAN LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE HACEN VALER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, POR SER UNA CUESTIÓN DE ORDEN PUBLICO Y DE ESTUDIO PREFERENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.

          EN EFECTO, LAS AUTORIDADES SOSTIENEN QUE EL IMPETRANTE DE GARANTÍAS NO CUMPLIÓ CON EL ARTICULO 292 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VIGENTE EN EL ESTADO, YA QUE EN TÉRMINOS DE DICHO PRECEPTO EL QUEJOSO ESTABA EN APTITUD DE INCONFORMARSE, CONTRA EL ACUERDO DE ARCHIVO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, A FIN DE QUE SE REMITIERA TODO LO ACTUADO EN LA AVERIGUACIÓN A LA AUTORIDAD JUDICIAL PARA QUE CALIFICARA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL, QUE POR TANTO ES CLARO QUE NO SE AGOTARON LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, ANTES DE PROMOVER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.

          SOBRE EL PARTICULAR DEBE DECIRSE, QUE RESULTA INFUNDADA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PROPUESTA, YA QUE SI BIEN EL ARTICULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO, ESTABLECE QUE EL JUICIO DE GARANTÍAS ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE AUTORIDADES, DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, QUE DEBAN SER REVISADOS DE OFICIO, CONFORME A LAS LEYES QUE LOS RIJAN O PROCEDA CONTRA ELLOS ALGÚN RECURSO, JUICIO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL, POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADOS, REVOCADOS O NULIFICADOS, TAMBIÉN LO ES QUE TAL DISPOSITIVO LO ESTABLECE COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, QUE CUANDO CONFORME A LA LEY DE LOS ACTOS RECLAMADOS, NO SE SUSPENDAN SUS EFECTOS, MEDIANTE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO QUE HAGA VALER EL AGRAVIADO, SIN EXIGIR MAYORES REQUISITOS QUE LOS QUE LA LEY DE LA MATERIA IMPONGA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE COLMAR TAL EXIGENCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE LOS ACTOS EN SI MISMO, SEAN O NO SUSCEPTIBLES DE SER SUSPENDIDOS.

          AHORA, TODA VEZ QUE EN LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO, NI EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, SE CONTEMPLA LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN, ES PALMARIO QUE EN EL CASO CONCRETO, NO SE SATISFACE LA HIPÓTESIS QUE CONSIGNA EL CITADO NUMERAL, POR LO QUE SE DESESTIMA LA CAUSA DE INEJERCITABILIDAD DE QUE SE TRATA.

          COBRA VIGENCIA LA TESIS XIV. 2º.7 K, VISIBLE EN LA PAGINA TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO, TOMO IV, DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, NOVENA ÉPOCA, QUE REZA:

 “AMPARO, PROCEDENCIA DEL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO CUANDO ESTA NO CONTEMPLA MECANISMO DE SUSPENSION ALGUNO   (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Para que opere la causal de improcedencia consignada en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no solo debe existir un recurso ordinario susceptible de agotarse antes de acudir al amparo, sino que es necesario además, que los efectos del acto reclamado puedan suspenderse conforme a la ley que lo rige sin exigir mayores requisitos que lo que la propia ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; lo que no ocurre cuando se insta la Protección Constitucional en contra de una resolución mediante la que se autoriza una anotación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el estado de Quintana Roo, ya que el medio impugnatorio previsto en el artículo 3186 del Código Civil de dicha entidad contra esa clase de actos, no contempla mecanismo de suspensión alguno.”  

11.-A forma de conclusión de la presente exposición, se puede afirmar con meridiana claridad de que el derecho de las victimas u ofendidos de impugnar la determinación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal en cualquiera de sus formas emitida por el ministerio público, es una garantía individual en favor de la víctima u ofendido que se contiene actualmente en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además se puede confirmar, que el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé la suspensión del acto reclamable al ministerio público en apelación consistente en la determinación del no ejercicio de la acción penal o su desistimiento, sino al contrario toda vez, que el artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual delimita el efecto del recurso de apelación en contra de la determinación del ministerio público de su determinación del no ejercicio de la acción penal en todas sus modalidades pregona que “la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada.”

En consecuencia ninguno de los preceptos que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales relativos al procedimiento de impugnación ordinaria así como a la respectiva apelación en contra de las resoluciones respecto del no ejercicio de la acción penal, no son obedecibles para la victima u ofendido de algún delito, porque cobra vigencia la excepción al principio de definitividad, la cual consiste en que cuando conforme a la ley de los actos reclamados, no se suspendan sus efectos, mediante la interposición del recurso que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia imponga para conceder la suspensión definitiva, no existe obligación de colmar tal exigencia, con independencia de que los actos en sí mismos, sean o no susceptibles de ser suspendidos. Por tanto lo que procede en contra de la determinación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal del ministerio publico ratificada por el procurador respectivo es el amparo indirecto ante un Juez de Distrito competente, el cual deberá velar por las garantías constitucionales y principio pro persona en favor de las victimas, ofendidos o sus representantes de algún delito. 

La "Sospecha Razonable" y La Ley De Seguridad Interior, Un Binomio Inconstitucional Nefasto. José Alberto Sánchez Nava

La "Sospecha Razonable"  y La Ley De Seguridad Interior, Un Binomio Inconstitucional Nefasto.

José Alberto Sánchez Nava

          La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio validez constitucional a las inspecciones policiales a personas y vehículos sin orden judicial cuando haya “sospecha razonable”  o en ese momento se esté cometiendo un delito.

        “La Sospecha Razonable” es una flagrancia hipotética y por ende imperfecta que criminaliza al pre indiciar a todos los mexicanos (erga omnes) para justificar actos de molestia al margen de la constitución y del principio universal pro persona, frente a la disyuntiva de una flagrancia real por la percepción directa o indirecta policial de estarse cometiendo un delito en tiempo, modo y lugar determinados. Lo cual resulta absurdo, porque entonces la “sospecha razonable” atiende a aspectos de una investigación la cual debe delimitarse a hechos y acciones formales dentro del debido proceso (sine qua non) debe estar debidamente fundada y motivada, a diferencia de la flagrancia real la cual solo debe estar formalmente circunstanciada para sus efectos probatorios a consignar, por la inmediatez imprevisible de los hechos delictivos conforme a su presunción por prescripción de adecuación al tipo en la ley.

           Precisamente en el aniversario luctuoso del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela quien dejó un gran legado de derecho constitucional en correlación a las garantías individuales y el estudio del juicio de amparo, la Suprema Corte de justicia de la Nación determinó una aberración constitucional que afecta las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los gobernados, en uno de los peores momentos por los que atraviesa nuestro País, por el grado de impunidad y corrupción que nos tiene en la mira del escrutinio mundial por la galopante afectación de los derechos humanos en México, imputables precisamente a los cuerpos policíacos y fuerzas armadas, como consecuencia del fallido sistema penal adversarial y acusatorio, precisamente por las deficiencias de los cuerpos de seguridad y fiscales ministeriales los cuales no pueden por deficiente formación y actos de corrupción ajustarse a principios como lo es el del debido proceso, lo cual genera impunidad compuesta, sin embargo la suprema corte de justicia les premia y otorga un cheque en blanco denominado “Sospecha Razonable” en el que cualquier ciudadano puede tener el carácter de presunto responsable sin que exista fundamentación y motivación para inspeccionar a su persona, familia, bienes, derechos y posesiones, lo cual se hace extensivo a las fuerzas armadas con base a la Ley de Seguridad Interior, misma se encuentra en suspenso respecto a su constitucionalidad, todo ello en un nuevo sistema penal el cuál además no tiene un medio de control directo precisamente para fincar responsabilidades al poder judicial de la federación por motivo del "error judicial" y sus consecuencias por actos de corrupción jurisdiccionales en una deficiente impartición de justicia, y quienes a su vez, no quedan exentos los Ministros de la Suprema Corte, pues corrupción también lo es, crear a partir de un criterio contrario a la Constitución un desamparo e incertidumbre al principio fundamental y universal pro persona en materia de derechos humanos, y garantías individuales que trascienden a instancias internacionales.

      Esto es así porque de conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

  

          Esto, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero y segundo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 3 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, se establece que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación y que toda persona tiene derecho a esa protección.

         La Observación General Número 16 al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, establece que el derecho a la inviolabilidad del domicilio, familia, bienes, derechos y posesiones debe estar garantizado, tanto en las injerencias de autoridades estatales, como de personas físicas o morales, las cuales no podrán ser ilegales ni arbitrarias. Para que tales intromisiones sean lícitas, sólo pueden producirse en los casos en que estén previstas por la ley, que a su vez debe apegarse a las disposiciones, propósitos y objetivos de la Constitución y del propio Pacto Internacional así como a las leyes mexicanas, relacionadas en la materia.

           El concepto de arbitrariedad se introduce con la finalidad de garantizar que todo acto de molestia, incluso las injerencias del domicilio previstas en la ley, estén en consonancia con las disposiciones y objetivos del Pacto Internacional referido y, en especial, sean razonables con las circunstancias particulares del caso.

           La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de las Masacres de Ituango, sentencia de 1 de julio de 2006; Escué Zapata v. Colombia, sentencia de 4 de julio de 2007, y Fernández Ortega y otros v. México, sentencia de 30 de agosto de 2010, ha establecido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública.

          Por otra parte, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, hace referencia a la actuación de los servidores públicos miembros de las corporaciones policiales y señala en sus artículos 1 y 2 que: "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión...", y "...en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas".

           De igual forma, los servidores públicos encargados de la procuración de justicia y sus auxiliares en la función persecutora de los delitos se encuentran obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Esta misma obligación está contenida en los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus equivalentes en las entidades federativas, que prevén que todo servidor público tiene como obligación observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan conforme a la ley.

         El régimen jurídico de los actos de molestia que afecten a los bienes, derechos, propiedades y familia de las personas debe satisfacer dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales. Los siguientes requisitos.

1) Que la orden del acto de molestia sea emitida exclusivamente por una autoridad judicial y que cuente con la debida fundamentación y motivación.

2) Que conste por escrito y exprese su objeto y necesidad, ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o aprehenderse y los objetos que se buscan o han de asegurarse, a lo que deberá limitarse la diligencia.

Al inicio de la diligencia, esta orden deberá ser presentada a la persona a quien se le practicará el acto de molestia, con el propósito de que identifique plenamente a las autoridades que la practiquen, así como a la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan.

3) Que al inicio de la diligencia se designen los servidores públicos que intervendrán en la misma.

4) Que se levante acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia y, que por supuesto, no podrán ser los servidores públicos que auxiliaron al Ministerio Público.

         Lo anterior significa que deben cumplirse los requisitos de formalidad y legalidad de este acto de molestia previstos en el artículo 16 constitucional, párrafos primero y décimo primero, en los que se establece que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

     Por consiguiente o que la suprema corte aduce con el exabrupto inconstitucional denominado “Sospecha Razonable” para llevar a cabo actos de molestia en contra de los ciudadanos, es incompatible con la siguiente tesis:

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.

EL ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO MILITAR EN JAMILTEPEC, OAXACA, UNA PERSPECTIVA DESDE EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO AÉREO. José Alberto Sánchez Nava

EL ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO MILITAR EN  JAMILTEPEC, OAXACA 

UNA PERSPECTIVA DESDE EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO AÉREO.

José Alberto Sánchez Nava

   1.-La noche del viernes 16 de febrero de 2018, un helicóptero de la Fuerza Aérea  UH-60M, matrícula 1071, en que viajaban el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, colisionó durante el aterrizaje ocasionando la muerte de al menos 14 personas en cuyo evento terminó por aplastar vehículos estacionados en el área, cabe destacar que el motivo del irregular aterrizaje nocturno con aproximación en un terreno improvisado y sin luces protocolarias mínimas equiparables a aeródromo para llevar a cabo la aproximación  visual de la aeronave militar, con funcionarios no militares a bordo para evaluar posibles daños tras el sismo de magnitud 7.2 que sacudió la costa de Oaxaca la tarde de ese trágico viernes, se realizó, sin que al efecto se hubiese implementado hasta el momento del siniestro, la declaratoria correspondiente del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado PLAN DN-III-E, instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.

    2.- El día 2 de abril del año 1975, el Presidente de la Republica Luis Echeverría Álvarez, decretaba el Reglamento de Tránsito Aéreo el cual fue publicado en el diario oficial de la federación el día 30 de julio de 1975, surtiendo sus efectos treinta días después de su publicación de acuerdo al primer artículo transitorio, reglamento que se encuentra vigente hasta nuestros días y el cual en su artículo primero establece que Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria para los pilotos que operen aeronaves en el espacio aéreo bajo la jurisdicción de los Estados Unidos Mexicanos y dentro de la región de información de vuelo (FIR) de la República Mexicana y, en su caso, para propietarios y poseedores que operen o exploten aeronaves en los términos de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

            3.- El Reglamento de Tránsito Aéreo en su artículo segundo, establece lo siguiente:

“Los pilotos de las aeronaves Militares o de la Armada de México, también se sujetarán a las disposiciones del presente Reglamento. Cuando las necesidades de las operaciones Militares o Navales por órdenes expresas de la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina lo ameriten, podrán apartarse de este Reglamento, previa efectiva coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo cuando se opere en espacio aéreo controlado; y con las autoridades aeronáuticas que correspondan fuera de espacio aéreo controlado, a efecto de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.”

Es muy importante destacar, que el primer párrafo de este artículo segundo del reglamento de tránsito aéreo el cual prescribe que “Los pilotos de las aeronaves Militares o de la Armada de México, también se sujetarán a las disposiciones del presente Reglamento” es de aplicación contundente en su exacta obligatoriedad respecto del siniestro ocasionado en Jamiltepec, Oaxaca, toda vez que no aplica su segundo párrafo de dicho numeral, en el sentido de que “Cuando las necesidades de las operaciones Militares o Navales por órdenes expresas de la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina lo ameriten, podrán apartarse de este Reglamento, previa efectiva coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo cuando se opere en espacio aéreo controlado; y con las autoridades aeronáuticas que correspondan fuera de espacio aéreo controlado, a efecto de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.”

 Lo anterior es así, porque en una sana interpretación del segundo párrafo del artículo segundo del reglamento de tránsito aéreo en cuanto a su inobservancia, resulta de imposible jurídico, porque no se puede equiparar el traslado de autoridades no militares en una aeronave al servicio de las fuerzas armadas como una operación esencialmente militar, sin que al efecto se haya decretado el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado PLAN DN-III-E, instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.

4.-Por ello resulta, que el vuelo irregular llevado a cabo la noche del viernes 16 de febrero de 2018, que terminó estrellándose y matando a un grupo de pobladores entre ellos niños en Jamiltepec Oaxaca, no se puede considerar como un vuelo cuyo objetivo se relacione a una operación esencialmente militar, cuando el objetivo no fue otro que el traslado de autoridades civiles o no militares, solo para verificar daños, y sin el protocolo activo del plan DN-III-E, el cual fue accionado hasta el día lunes 19 de febrero de 2018, por tanto resulta que todas las disposiciones que se contienen en el citado reglamento de tránsito aéreo, resultaban obligatorias para todas las autoridades militares tanto ordenadoras como ejecutoras del vuelo del helicóptero que protagonizo el lamentable siniestro

   3.-Es por lo anterior, que las autoridades militares, trasgredieron de forma plena el artículo 53 del Reglamento de Tránsito Aéreo que establece:

       “ARTICULO 53.- Durante la noche, no están permitidas las operaciones de las aeronaves, a menos que exista Servicio de Control de Aeródromo y se puede matonear radiocomunicación directa con dicho servicio.”

              El cual tiene correlación con el artículo 8° del mismo Reglamento, que establece:

        ARTÍCULO 8.- Ninguna aeronave deberá conducirse negligentemente o temerariamente, de manera que ponga en peligro la vida y propiedad ajena o que cause perjuicios a terceros.

          De lo anterior se puede deducir con meridiana claridad, y solo por hechos dados a conocer por los medios de información visuales y escritos, que el helicóptero militar no tenía como destino nocturno un aeródromo ni siquiera con luces propias para llevar a cabo un aterrizaje, menos aún, con servicio de radiocomunicación para llevar con éxito dicha maniobra, por tanto fue un vuelo en el que se conjuntaron la negligencia y la temeridad a que se refiere el artículo 8° del citado reglamento, al pretender aterrizar en una zona poblada y que como resultado ocasionó la muerte de un grupo de personas, así como los daños a la propiedad de terceros, todo ello al margen del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado PLAN DN-III-E, instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.

            5.-La discrecionalidad del uso de aeronaves de las fuerzas armadas, para fines no militares o protocolarios afecta el interés público, porque puede darse el caso, de que se esté actuando al margen de la ley y reglamentos que regulan los bienes nacionales para cumplir funciones interdisciplinarias en función a los objetivos constitucionales de las fuerzas armadas, así como a las reglas y normas aeronáuticas en nuestro País, que ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con el que se establece en el Reglamento de Tránsito Aéreo vigente en México.  

EL CASO TELMEX EN COLIMA José Alberto Sánchez Nava

http://www1.ucol.mx/hemeroteca/pdfs/100399.pdf

EL CASO TELMEX EN COLIMA

JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ NAVA

El día 10 de marzo del año 1999, parte de la prensa local en el Estado de Colima, señalaba en primera plana que un servidor había logrado en contra de la empresa telefónica Telmex, mediante una serie de juicios de amparo, demostrar la ilegalidad del cobro del "servicio medido local" efectuado por esa empresa y los elementos del fraude genérico en todo el País, situación que se perfilaba a la revocación de la modificación del título de concesión que en 1990 Carlos Salinas realizó y que de ser una empresa de participación mayoritaria estatal, paso a ser dicha concesión a una empresa particular de Carlos Slim.

En esa época, la COFETEL sólo era un proyecto, y no se había interpretado cabalmente la canasta de servicios básicos de la telefónica con la nueva concesión modificada para ser explotada por intereses privados, por ello, un servidor, inicio un proceso en contra de Telmex representando a los usuarios del Municipio de Tecomán, en el Estado de Colima, mi primer paso, era saber cómo la telefónica fundaba y motivaba el cobro de servicio medido, lo cual tuvo como consecuencia un hecho sorprendente, me exhibieron los representantes legales de Telmex, en la audiencia ante Profeco, EL OFICIO 2-793 DE FECHA 9 DE JULIO DE 1991 SUSCRITO POR EL ING. CARLOS MIER Y TERAN O. SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES en la cual se autoriza el cobro de servicio medido pero solo a poblaciones que tengan menos de dos mil líneas telefónicas y con servicio local automático y a la vez con la condición dicha autorización de que la empresa teléfonos de México S.A. de C.V. tenía el deber de presentar un programa de introducción del servicio medido en las poblaciones de interés, dentro de un plazo de 45 días a partir de la fecha de notificación del oficio 2.793 mencionado, para su análisis y aprobación, en su caso, esto es, la autorización del cobro de servicio medido no se aplicaba a la Ciudad de Tecomán Colima, por exceder ésta, en amplio margen a las dos mil líneas telefónicas, y además en el supuesto que dicha población se encontrara dentro del supuesto contemplado en la autorización referida, era necesario el programa de introducción a que se refiere la multicitada autorización en el oficio referido, del cobro de servicio medido, y al no resultar así, se transgredió el artículo 28 constitucional que en lo que interesa a la letra dice: art. 28.- .....en consecuencia, la ley castigara severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida en favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del publico en general o de alguna clase social etc.

Como la población que yo representaba tenía más de diez mil líneas telefónicas era claro que no operaba dicho cobro, pero la Profeco en Colima se aterró por las consecuencias que en nuestro México querido tendría su resolución, pues resulta que a nivel nacional se encontraba registrado ante Profeco un contrato de adhesión entre Profeco y Telmex y era precisamente la Profeco a nivel nacional quien “representaba” y "protegía" a todos los usuarios frente a los excesos de esa empresa, en ese entonces el delegado de la Profeco en Colima LIC. CARLOS E. CAMACHO MARTÍNEZ, me llamó a su despacho y me dijo "¿Se da cuenta usted, de la trascendencia de este asunto? ¿Usted cree que México, Monterrey, Guadalajara etc. Tienen menos de dos mil líneas telefónicas?, ¡claro que no¡, y sin embargo, los usuarios y empresas están pagando el concepto de servicio medido a Telmex, sin chistar, es por eso, que desde ahora le digo: lo siento, pero no puedo resolver a su favor”,

Fue por esa razón, que me vi obligado a interponer cinco amparos ante la justicia federal, y el Juez Primero de Distrito le dio 24 horas al Delegado de Profeco para que resolviera conforme a derecho y con la debida fundamentación y motivación, fue así, que el delegado de la Profeco en ese entonces el LIC. CARLOS EDUARDO CAMACHO MARTÍNEZ tuvo que declarar nulo el cobro de servicio medido local en el Municipio de Tecomán en el Estado de Colima. Profeco me dejo a salvo los derechos para acudir ante un tribunal del fuero común a demandar a Telmex la restitución del cobro de lo indebido en favor de los usuarios y sancionó a dicha empresa con unos días de salario mínimo.

El 10 de marzo de 1999 "DIARIO DE COLIMA" publicó en primera plana la noticia, dedicó su editorial y caricaturistas al tema, (anexo el enlace de la hemeroteca del “Diario de Colima que contiene el ejemplar completo en documento PDF)

http://www1.ucol.mx/hemeroteca/pdfs/100399.pdf

            Los medios nacionales convocaron a una rueda de prensa la cual se llevó a cabo en un restaurante campestre conocido en Colima, los efectos de la resolución obtenida beneficiaba a todo el país, pero curiosamente nadie quiso sacar la nota, solo un director de un medio nacional me habló por teléfono del cual no creo que deba decir su nombre, porque ya no es director de ese medio, sus palabras: "muy encomiable su labor, mi corresponsal se encuentra muy entusiasmado, pero usted no representa políticamente a nadie, según sé, ni siquiera se encuentra afiliado a partido político alguno, si estuviésemos en Estados Unidos, Usted en estos momentos estaría en los cuernos de la luna, pero estamos en México, las diarios nacionales recibimos de esa empresa de 20,000 a 60,000 mil pesos semanales por publicidad SIN TENER DICHA EMPRESA COMPETENCIA,(MARZO DE 1999) por lo tanto esta llamada es para dar a usted un consejo, y hacerle un favor, el consejo es que ingrese usted a un partido que lo respalde y lo proteja, y el favor es para los dos, no publico nada de esto, porque a mí me van hacer una "auditoria especial" cerrándome el diario el cual además está constituido en cooperativa lo que me resulta un tanto riesgoso, y a usted, fíjese bien, “le pueden poner zapatos de cemento.”

En Colima ningún político ni gobernante, quiso impulsar este logro por obvias razones, sin embargo, nunca he vivido en el temor presente, mi temor es el futuro de nuestros hijos y nietos porque a cómo vamos, cada vez más se aleja la posibilidad de dejar herencias patrimoniales a nuestros hijos, solo dejaremos un México convulso, aderezado con nuestra cobardía generacional, por ello no se me complica dar conocer a usted el contenido de un borrador de libro de más de doscientas páginas respecto a este tema y la documentación jurisdiccional y administrativa.

La trascendencia de este precedente, subsistía, porque en primer término es una cuestión de orden e interés público, el decreto de nulidad del cobro de servicio medido que aplica Telmex, desde el punto de vista jurídico puede ser ejercitado por cualquier habitante de Tecomán Colima e iniciar una demanda de nulidad ante un juez de primera instancia, respecto de dicho cobro, y solicitar la restitución de lo que se ha pagado desde 1996, año en que fue aplicado dicho cobro a la ciudad de Tecomán Colima, porque en México existe un principio general de derecho avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que lo actos nulos con afectación al interés público, no producen acción ni obligación alguna a no ser la de nulidad, es decir un acto nulo cuya afectación es el interés público por motivo de la concesión de un servicio público, no prescribe la obligación de restitución al pago de daños y perjuicios que el concesionario deba hacer, mientras subsista dicha concesión.

Pero lo más interesante es que la resolución tiene efectos a nivel nacional porque la determinó una autoridad federal que representa socialmente a los consumidores, y porque la Profeco suscribió un contrato de adhesión con Telmex, cuyo ámbito de validez e invalidez respecto de los actos de Telmex, son de competencia en todo el territorio nacional, es decir se trata de un fraude genérico cuyos agraviados son todos los usuarios de Telmex en el país que radiquen en poblaciones de más de dos mil líneas telefónicas, cuya consecuencia no solo es la restitución y suspensión del lucro indebido que ha estado realizando esa empresa, sino que es susceptible de revocar dicha concesión de forma inmediata, con la demás consecuencia jurídicas aplicables. 

(Anexo el enlace de la hemeroteca del “Diario de Colima que contiene el ejemplar completo en documento PDF)

http://www1.ucol.mx/hemeroteca/pdfs/100399.pdf