Seguridad Pública Y Policial En México, Un Riesgo De Seguridad Nacional.

Seguridad Pública Y Policial En México, Un Riesgo De Seguridad Nacional.

José Alberto Sánchez Nava

“El fantasma de una reforma estructural anti-corrupción y de combate a la impunidad que nunca fue, puede hacer sucumbir no solo a las reformas estructurales de Peña Nieto, sino a la estabilidad y seguridad de la nación”

                                                 

1.- La Ley de Seguridad Nacional en México, establece que por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven entre otros puntos a: El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; y se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a las personas y garantías individuales y sociales,  en un marco de confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

2.-Imposible determinar que el Estado Mexicano se encuentre en aptitud de mantener en sana paz su integridad, estabilidad y permanencia como tal, si sus Instituciones se encuentran no solo rebasadas por la delincuencia, sino señaladas como indiciadas en los actos criminales de gran trascendencia como lo son, El fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, perpetrado por militares bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y cuyo Jefe Supremo es el Presidente de la República, aunado a ello, el crimen de lesa humanidad en contra de 46 normalistas en Iguala Guerrero, hechos que conllevan la participación de las instituciones del Estado, en el que el denominador común es la corrupción imperante dentro de las fuerzas armadas y policíacas las cuales han caído en el abuso del poder y la absoluta displicencia al principio de legalidad al trasgredir los derechos humanos establecidos y reconocidos universalmente a los Ciudadanos en los tratados internacionales suscritos y reconocidos por el Estado Mexicano.

3.- El Secretario de Gobernación en subordinación del Poder Ejecutivo por su  carácter de autoridad jerárquica, tiene mucho que explicar al Poder legislativo y Judicial  respecto de la omisión y transgresión  del artículo 27 y correlativos de la Ley Orgánica De La Administración Pública Federal, pues es en ese tenor que en nuestro País y en medios internacionales la interrogante ¿Quién Gobierna en México?, Es precisamente porque  dentro del organigrama de cualquier país en el mundo existe el control previsor del Estado ante cualquier riesgo de afectación al orden y la paz social., En México corresponde a la Secretaría de Gobernación quien tiene la facultad y obligación de coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; además en ese mismo sentido es el Secretario de Gobernación quien tiene la responsabilidad de establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para llevar a cabo el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad pública y de seguridad nacional en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por ello corresponde a una Secretaría de Estado encabezada por el Presidente de la República que se delega a un Secretario de Gobernación, quien además tiene el apoyo de un Consejo de Seguridad Nacional, y un Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), los cuales, de forma conjunta cuentan con recursos económicos, legales, humanos y profesionales, para al menos detectar que un Presidente Municipal, un Gobernador, o un Titular de la Secretaria de la Defensa Nacional, por cualquier motivo está poniendo en riesgo el orden social y el Estado de Derecho por conductas propias o de sus subordinados.

4.- Resulta dramático ver a un Procurador de la República, en su trabajo indagatorio después de ocurridos los hechos criminales de Tlatlaya, Estado de México e Iguala, Guerrero, quien en los medios se dice asombrado por esos actos criminales de grandes dimensiones cuya pestilencia a corrupción e impunidad están impactando al mundo, con un presidente municipal prófugo cargado de delitos graves e impunes de los cuales ya había tenido conocimiento, con militares detenidos como ejecutores materiales, pero sin resultados acerca de los autores intelectuales en orden jerárquico, con jóvenes estudiantes de Guerrero, desaparecidos con indicios de que se encuentran en fosas, todo esto, son los efectos criminales, pero realmente se desatendieron las causas, esencialmente en el deficiente trabajo de inteligencia, coordinación, información, y detección de focos rojos en los cuales los cuerpos de seguridad pública y policiales, empiezan a crear terror a una sociedad muy angustiada por esas condiciones inversas de inseguridad, que impactan la vida diaria de los ciudadanos con incidencia en sus actividades económicas, laborales, sociales y recreativas ante este exceso de corrupción e impunidad.      

5.-Un peligro latente se empieza a percibir por parte de algunos Gobiernos Estatales, porque fuera del contexto constitucional, se están haciendo uso de cuerpos policíacos encubiertos, policías vestidos de civiles en vehículos no característicos de cuerpo policial alguno, con actitudes arbitrarias y anticonstitucionales, y con incidentes contra la ciudadanía, que empiezan a causar pánico a la sociedad al grado de que por mas justificación que les queramos otorgar a sus “estrategias” contra el crimen por parte de los Gobernadores, de lo único que estamos seguros, es que esas prácticas tienen efectos adversos, por el riesgo, inseguridad, abusos y confusión que generan, esos cuerpos policiacos cuya imagen ya estigmatizada por los sucesos nacionales, es la de delincuentes con uniforme y sin él, lo grave es, que no sabemos hasta qué grado ante tanta corrupción e impunidad, las policías infiltradas representan una bomba de tiempo ante la posibilidad de un evento de grandes magnitudes en contra de los derechos humanos de la población, aunado al abuso de Gobernadores en uso de la Soberanía de los Estados la cual no les alcanza para trasgredir a La Constitución Federal, y de lo cual la Secretaría de Gobernación no puede seguir manteniéndose al margen después de los crímenes en Iguala, Guerrero, de igual forma, un reten militar transgresor de la constitución y de los derechos elementales del hombre en su libre tránsito, ya no será visto igual por la ciudadanía, porque ahora sabemos que estos ya saben fusilar en caliente, sin siquiera un mínimo juicio sumarísimo sean buenos o sean malos, a ese paso el nuevo y chusco sistema penal acusatorio adversarial, será un aislado juego de parvularios, frente a este tipo de ejecuciones militares, es por ello, que el  fantasma de una reforma estructural de anti-corrupción y de combate a la impunidad que nunca fue, puede hacer sucumbir no solo a las reformas estructurales de Peña Nieto, sino a la estabilidad y seguridad de la nación.