GRAN
COMISIÓN CIUDADANA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN MÉXICO
José
Alberto Sánchez Nava
"No podemos predecir la historia
humana. Pero si miras hacia atrás puedes encontrar un momento cuando parecía
imposible que se abandonará la esclavitud, o que se permitiría derechos a las
mujeres… Las cosas cambian. Pero cambian si la gente las cambia. No cambian
solas y no cambian gracias a los líderes políticos."
Noam
Chomsky .-Lingüista, Filósofo y Activista Estadounidense.
1.- México cruza por una de sus peores crisis
sociales sustentadas por la ligereza en sus actos y omisiones del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la corrupción permea en todos los ámbitos
del Estado, la impunidad es lo que garantiza a los Servidores Públicos
Institucionales que lo que administran y ejercen en obras públicas con o sin licitación sean un vertedero de dudas y
desconfianza social del cual emanan fantasmas de cohecho y de conflictos de
interés con repercusiones al erario público y de lo cual surgen casas blancas,
grises, verdes.. Y de todos los tamaños pero que van de las grandes y lujosas a
las más grandes y ostentosas. En materia de procuración de justicia en la
indagatoria de ilícitos en los que se encuentra implícita la responsabilidad
del Estado, no merece de mi parte hacer mención del decálogo del ejecutivo en
el que incluye el número propuesto 911 de llamadas de emergencia para reportar
los excesos de la represión policiaca en México en colusión en todo caso con la
delincuencia, lo cual no es buena idea.
2.- Lo mismo
ocurre en materia Legislativa en ambas Cámaras cuando los Legisladores
desatienden el interés de los Ciudadanos a quienes en teoría representan, y
cuyo mandato se distorsiona por el conflicto de interés personal entre las
dádivas que reciben a cambio de una reforma o iniciativa de alguna ley en
conflicto con el legítimo bienestar social o en omisiones fiscalizadoras y
sancionadoras de funcionarios corruptos, menos aún en las aprobaciones de
presupuestos de egresos e ingresos en combinación con el dispendio de los
primeros y el exceso de los segundos.
3.- La Suprema
Corte de Justicia de la Nación acciona un arma fundamental en manos de los
Ministros, la cual radica en su facultad discrecional de la interpretación
tendenciosa de lo que queda de la Constitución y le niegan a la ciudadanía el
derecho a la consulta popular respecto a cualquier iniciativa de ley enviada
por el ejecutivo federal, y van cargando con un negro historial de resoluciones
históricas nada favorables para la sociedad en todas las materias y que
enumerarlas sería materia de todo un tratado, sólo el criterio de la Corte para
validar el Anatocismo o el cobro de interés sobre interés de forma anticipada
en los contratos de crédito a favor de los bancos y que dejo en la calle
literalmente al quitarles sus casas a miles de Mexicanos a partir de la crisis
de 1994 en trasgresión al Código de Comercio, es un ejemplo emblemático, cabe
comentar que ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha
tenido que poner un alto a los excesos del Poder Judicial en México en sus
elucubraciones interpretativas esencialmente en Materia precisamente de
Derechos Humanos, gracias a la Participación Ciudadana.
4.-Los tres
poderes que constituyen el Gobierno Mexicano aun cuando no lo aceptan, ni
siquiera para transmitir un mínimo de confianza a la ciudadanía, pasan por alto
la necesaria participación ciudadana sustentada en el artículo 39 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que
dicho artículo establece: “LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE
ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y
SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL
INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.”.
5.-
Sin embargo, un paradigma se cierne sobre la actitud de quienes detentan
tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo al detentar dichos cargos
por medio de una representatividad otorgada por el pueblo, con intermediación
de los partidos políticos en procesos electorales, y con el arbitraje de las
máximas autoridades en materia electoral, sin embargo la representatividad de
los gobernantes propuestos por los partidos, se han desapartado del bien común
y han desvirtuado el concepto de “Política” a un simple sinónimo homologado a
“Corrupción e Impunidad” dichos términos sustentados en el absurdo sofisma de
que el “fin” de representar el interés de la nación justifica cualquier medio
por más corrupto que este sea, en el que los medios de comunicación juegan un
papel importante para manipular y disfrazar la terrorífica realidad de México
frente a la imagen frívola del Mexican Moment, que se resquebrajó en tan solo
días y ante la expectación Mundial por los sucesos recientes y no tan recientes
pero que han quedado al descubierto.
6.-
Es evidente que existe un conflicto de intereses en esa representatividad que
ostentan los gobernantes por intermediación de los partidos políticos, frente a
sus propios actos de corrupción y de los cuales gozan plena impunidad, sin embargo,
es importante que todos estemos consientes de que los partidos políticos para
que estos verdaderamente cumplan con su cometido constitucional y deleguen en
armonía con el Pueblo los cargos de elección popular a gobernantes, lo menos
que deben cumplir es con los “principios básicos e ideológicos” de cada uno de
esos Partidos Políticos, de otra forma cualquier acto contrario a esos
principios, el gobernante corrupto queda revocado de esa representatividad de
fondo del poder, para solo quedar con una representatividad apócrifa, carente
de poder mandatado por el pueblo, así sea el propio Presidente de la Republica
el cual con un poder legislativo a modo, pueda perder la cordura y recortar y
modificar la Constitución Política a intereses de grupos o personales y en
afectación del orden y estabilidad social.
7.- Es
necesaria y de forma emergente ante esta terrible crisis de credibilidad de las
instituciones en México, que se implemente conforme a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, una “Gran Comisión Ciudadana Descentralizada y
Fiscalizadora Contra la Corrupción e Impunidad”, esto es así, porque los temas
de inseguridad pública, inseguridad social, inseguridad política, inseguridad
jurídica, inseguridad económica etc., día a día se devela ante los ojos del
mundo que es responsabilidad por acción u omisión del Gobierno Mexicano, el
cual solo reacciona contra los reclamos de los ciudadanos, cuando es llamado
por las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para frenar los excesos no de las Instituciones, sino de personajes que
en uso de una representatividad popular en conflicto de interés con el cargo
que ostentan actúan bajo los esquemas repulsivos de corrupción e impunidad
solapados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8.- Los
Mexicanos lo único que tenemos frente a los excesos del Gobierno con un valor
inalienable, imprescriptible y universal, son nuestros derechos humanos, un
salario justo por nuestro trabajo es un derecho humano, el derecho de no ser
golpeado ni detenido si no es con una orden de juez competente debidamente
fundada y motivada no solo una garantía constitucional sino un derecho humano
reclamable ante las instancias universales, igualmente el derecho de
asociación, el derecho a la libertad, el derecho a la educación etc.
9.- La represión del gobierno al derecho de
manifestarse pacíficamente los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos más
elementales que implique la participación ciudadana fuera del contexto
ideológico de los partidos para hacer valer la libertad de expresión de las
ideas, la asociación etc., es un atentado en contra del interés público por
tratarse de derechos humanitarios, los
cuales en México se encuentran resguardados por una Comisión Nacional de
Derechos Humanos la cual actúa en eficiencia solo si los medios la ponen bajo
la lupa en sucesos de trascendencia pública y mediática, por los demás no ha
pasado de ser un nido de burócratas en una nomina que al parecer empieza a
despertar sospechas.
10.- Es
momento de que sea la Ciudadanía quien ejerza un mínimo derecho de observación
fiscalizadora frente a los excesos del poder de gobernantes a fin de ejercitar
acciones nacionales e internacionales frente a los actos de corrupción e
impunidad que afectan el interés público Nacional, y para que “La Opinión Publica”
deje de ser solo una expresión de inconformidad generalizada pero sin ningún
rumbo ni alcance efectivo frente a los excesos del poder, lo cual hace
impostergable la conformación de una Comisión Ciudadana Descentralizada y
Fiscalizadora Contra la Corrupción e Impunidad, la cual atendería reclamos e injusticas sociales a fin de dejar de
institucionalizar los graves problemas que aquejan a nuestro País, y podría
ésta surgir sin ningún problema en el ejercicio al Derecho de Asociación Nacional
para la Defensa de los Derechos Cívicos y Humanos de la Ciudadanía, con
personalidad jurídica sin fines de lucro, en los treinta y un Estados y la Ciudad de México, cuyos integrantes de diez por Estado, nos darían un total de 320 representantes de Organizaciones
Civiles o de Ciudadanos de probada solvencia moral, a fin de constituir un
punto de equilibrio ante la crisis institucional que enfrenta nuestro País, las
figuras públicas en el ámbito del ejercicio de la administración y en conflicto de intereses políticos, no tendrían participación directa
sobre esta Comisión precisamente por su propia naturaleza.